Sucesos

Rosa Peral enfrenta otro juicio por transferir su vivienda a su padre después de ‘el incidente con la Guardia Urbana’

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El Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona ha cerrado la investigación abierta contra Rosa Peral, condenada por el ‘crimen de la Guardia Urbana’, y su padre, Francisco Peral, por un presunto delito de alzamiento de bienes. La investigación comenzó cuando la familia de la víctima, Pedro Rodríguez, denunció que Rosa traspasó a nombre de su padre la mitad de su vivienda en Vilanova i la Geltrú y de un coche para no tener que hacer frente a las indemnizaciones impuestas en la condena antes de que la sentencia por este asesinato fuese firme.

Además de los 25 años de prisión que sigue cumpliendo, en 2020 la Audiencia de Barcelona condenó a Rosa Peral, de forma solidaria junto a su amante Albert López, a indemnizar con 885.000 euros a la familia de la víctima. La sentencia establecía que, en caso de no tener el dinero, les embargarían sus propiedades.

Tras varios meses de investigación, el juzgado de Tarragona concluye que Rosa Peral y su padre “ambos conocedores de la sentencia condenatoria y del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil y con la voluntad de dificultar los embargos acordados” suscribieron varios acuerdos de donación de un coche propiedad de la condenada y de la mitad de su vivienda en Vilanova i la Geltrú. Francisco Peral aceptó la donación.

En esta vivienda se cometió el llamado ‘crimen de la Guardia Urbana’ la noche del 1 de mayo de 2017, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, aunque el cuerpo de la víctima se encontró en un coche calcinado en el pantano de Foix.

Ahora, el juzgado de Tarragona insta a la Fiscalía y a la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, a presentar sus escritos de acusación. En caso de que pidan pena de prisión por del delito de alzamiento de bienes, Rosa Peral y su padre se sentarían en el banquillo de los acusados.

En su declaración, en este procedimiento Rosa Peral, representada por la abogada Nuria González López, aseguró que como no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda se la cedió a su padre y negó que hiciera esta transacción sirviera para no pagar el dinero de la indemnización a la familia de la víctima.

Pese a este procesamiento, el juzgado deja claro que la condenada por ‘el crimen de la Guardia Urbana’ “carece de patrimonio o capacidad económica para hacer frente a la responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia”. En este sentido, en el auto consta que Rosa Peral “únicamente ha satisfecho 1.655’92 euros de la responsabilidad civil fijada en la sentencia de fecha 14 de abril de 2020, por la Audiencia Provincial de Barcelona” mientras que el otro condenado, Albert López, “ha abonado otros 1.675’92 euros”.

Las abogadas de Rosa Peral y de su padre, Nuria González y Elisenda Massa, han señalado que presentarán un recurso contra el auto de procesamiento por alzamiento de bienes al considerar que durante la instrucción del procedimiento no ha quedado constancia de la presunta voluntad de Rosa y de su padre de “dificultar” los embargos acordados en la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Además, han indicado que el tribunal que debía ejecutar la sentencia por el asesinato de Pedro “jamás trabó los embargos, nadie los pidió y además no sabemos si se ha pedido embargar los bienes de Albert”.

También han añadido que quiere aclarar la cantidad aportada por Albert para indemnizar a la familia de Pedro, ya que en una resolución judicial de hace unos meses constaban únicamente 20 euros.

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